Caso de 'bebés robados'

Primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de 'bebés robados'

EFE. 17.08.2013

La primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de "niños robados" puede suponer una nueva vía para las víctimas, que intentarían buscar en Europa las respuestas que, según apuntan muchas de ellas, no les ha ofrecido la justicia española. El abogado Enrique Vila presentó hace unos días la demanda, después de que el Tribunal Constitucional (TC) archivara el recurso del caso, que tiene su origen en el nacimiento de una niña en el Hospital Civil de Málaga en 1964 y cuya hermana asegura que ninguno de los familiares vio el cuerpo del bebé fallecido. Además, no consta documentación sobre su defunción, por lo que no se puede acreditar el fallecimiento. En declaraciones, Vila, quien también es presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, confía en que el Tribunal Europeo admita a trámite la demanda, si bien apunta que ésta es una instancia jurídica que sólo acepta analizar el 20% de las peticiones que recibe. "Yo espero que sí la admita porque en España está ocurriendo una clara vulneración de derechos fundamentales, muchos afectados no están teniendo una justicia efectiva por la prescripción de los delitos", afirma el letrado. Indicaciones de la Fiscalía Muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados A pesar de que el pasado mes de diciembre, la Fiscalía General del Estado emitió una circular en la que, entre otras cosas, ordenó a los fiscales agotar la investigación de las denuncias antes de fijar posición sobre la prescripción, Vila sostiene que muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados. En su opinión, el Tribunal Supremo o el Constitucional son los que tienen que marcar la línea a seguir por los jueces y "aún no la han trazado", por lo que lo que cada magistrado puede hacer lo que estime oportuno. "Ante esto, el Gobierno no puede hacer nada, depende de la Justicia", asevera el abogado, que anima a los afectados a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para así agotar todas las vías posibles con el fin de encontrar a sus familiares "robados". El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, también emplaza a las víctimas a acudir a esta instancia. A la justicia española parece ser que no le interesa este tema "Ya que a la justicia española parece ser que no le interesa este tema, habrá que ir fuera", resalta. Aunque es consciente de que para llegar al citado tribunal hay que agotar todas las vías en España, es decir, haber llegado hasta el TC, Barroso señala que lo que sí pueden hacer los afectados es enviar una queja de su caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Según el presidente de Anadir, dicha Comisión está admitiendo a trámite todas las quejas sobre casos de "niños robados" que recibe y, además, ha pedido un informe a la Comisión Europea de estos supuestos hechos ocurridos en España, en los que los bebés eran sustraídos a sus padres al nacer tras decirles que habían muerto. En septiembre, la Comisión de Peticiones tiene una reunión y "se sabrá algo de lo que opina la UE sobre este tema", afirma. "Mientras más quejas lleguen más favorable va a ser para nosotros" el dictamen europeo, según Barroso, que recomienda a todos los afectados que manden su queja, ya que "basta con enviar una carta −2 ó 3 euros en Correos− a la Comisión de Peticiones". El pasado mes de junio, más de un centenar de familias anunció que se sumaría a la petición de un afectado por un supuesto robo de sus bebé en Granada, aceptada por esta Comisión, para continuar con la investigación del paradero de sus familiares. Sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio Por otra parte, Barroso ha hecho hincapié en que el Gobierno "tiene que crear" una Comisión de Investigación sobre "niños robados", ya que "sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio". La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, por el contrario, no cree que la demanda presentada por Vila llegue a buen puerto. "Ahora mismo soy un poco escéptica porque el tribunal europeo verá que el Gobierno de España ha empezado a caminar con este tema y delegará en las actuaciones que éste está llevando a cabo", comenta Soriano, aunque cree que el Ejecutivo "va muy despacio" en este asunto. Soriano considera que la justicia ya no está archivando los casos porque hayan prescrito, sino por algún defecto de forma o documental.
 

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Indígenas, entre el hambre, la violencia y el olvido

Expertos aseguran que los nativos colombianos están hoy más pobres que durante la Conquista.

Según la Corte Constitucional, 35 pueblos indígenas de Colombia están en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente.

Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, dice que la situación es “crítica, crítica por la falta de seguridad alimentaria; por la presencia de los actores armados ilegales en sus territorios; por los cultivos ilícitos y el narcotráfico; por la débil presencia institucional; porque los proyectos de política pública no llegan con fuerza, y crítica también porque cuando los fenómenos naturales los afectan, su lejanía (geográfica) dificulta una atención rápida”.

Juvenal Arrieta, secretario general de la Organización Nacional Indígena (ONIC), definió la situación de los indígenas en el país como “preocupante, invisible e invisibilizada”, además subrayó que en el 2009 “la Corte Constitucional dijo que hay 35 pueblos que se encuentran en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente”.

Los pueblos indígenas colombianos enfrentan un riesgo transversal: el conflicto armado, del que en muchas ocasiones parecen ser invisibles a los ojos de muchos colombianos. Sin embargo, los acechan otras amenazas como la falta de seguridad alimentaria y el riesgo de que se desvanezca su cultura.

Las mayores dificultades en materia de seguridad alimentaria las padecen, especialmente, los niños de los pueblos los Emberá y Wounaan, de la región del Chocó, donde si la desnutrición no los mata, reduce su capacidad física e intelectual de por vida.

En el departamento de La Guajira, en Uribia y Manaure, los problemas alimentarios de los Wayúu se combinan con la falta de agua. En la Amazonia, en el Caquetá, los Coreguajes también afrontan dificultades en materia alimentaria.

Las cifras escasean. En los reportes oficiales casi nunca hay datos actualizados, en buena medida porque cuando mueren los niños indígenas, simplemente son enterrados en algún potrero. No hay acta de defunción.

Pero no es solo la violencia y el hambre lo que afecta a los pueblos nativos. Entre las grandes tragedias que viven se encuentran el desvanecimiento gradual de su cultura y lengua. Los más propensos son los que tienen pocos integrantes en la Orinoquia y la Amazonia, los cuales corren un alto riesgo de ser afectados en sus valores culturales.

Según Muyuy, 56 pueblos indígenas –es decir más del 50 por ciento de estas comunidades en el país– “corren el riesgo de ser ‘aculturados’ y perder sus valores lingüísticos y culturales que milenariamente han conservado”. Sobre todo los que habitan en la Zona Andina.

En cuanto a los riesgos de seguridad, el senador indígena Marco Avirama considera que estos pueblos al vivir en zonas de tránsito de “la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico”, están “entre la espada y la pared”. “La guerrilla los acusa de ser informantes del Ejército, mientras que la tropa los acusa de ser colaboradores de los guerrilleros”.

El asunto es muy simple. Cualquiera de estas comunidades, que siempre viven en zonas alejadas, están a merced de los armados. Por eso, son víctimas frecuentes del reclutamiento, las amenazas, los asesinatos y el desplazamiento.

Avirama denunció que incluso en Puerto Inírida (Guainía), los nativos han sido víctimas, en los últimos meses de los abusos cometidos por la Guardia Nacional Venezolana. Según él, solo hace dos semanas asesinaron a un hombre y violaron a tres mujeres en el territorio colombiano, tema denunció ante la Cancillería.

El presidente de la Onic planteó “tres razones estructurales” –basado en lo dicho por la Corte Constitucional– para que el 34 por ciento de los pueblos indígenas colombianos se encuentren en peligro de desaparecer, junto a sus conocimientos ancestrales: “el conflicto armado con sus manifestaciones –el desplazamiento, las minas antipersona, restricción a las libertades políticas, aspersiones con glifosato, violencia sexual y el desplazamiento, entre otros–”.

En segundo lugar, “el empobrecimiento estructural” de estás comunidades. “Las Naciones Unidas dicen que los indígenas no son pobres sino empobrecidos por falta de oportunidad; hay regiones donde no conocen una escuela, ni un enfermero, hay zonas donde están prácticamente a su suerte”, señaló Arrieta. Y además recalcó que “donde están los centros educativos o de prestación de servicios hospitalarios no se reconoce la diferencia cultural”.

En tercer lugar está “el modelo de desarrollo económico y la presencia de transnacionales en zonas indígenas de manera inconsulta. Es una situación preocupante e invisible”, concluyó el líder indígena.

El Gobierno y los pueblos

Este 9 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos agradeció los aportes hechos por los pueblos indígenas al desarrollo y la construcción de la sociedad, y recordó que el año pasado, con motivo de esta celebración, “destacamos los ajustes institucionales que adelantamos en nuestro gobierno para transitar el camino señalado por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas en el país”.

En efecto, el Gobierno Nacional está implementando lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo, en concertación con los pueblos indígenas del país, en materia territorial, cultural, de educación y de autonomía.

En lo cultural está el compromiso de concretar el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que les permita administrar la educación de los pueblos. En materia de salud, trabajan en el proyecto del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural.

“Algo muy importante es sacar adelante la política integral para los pueblos indígenas del país, igualmente en materia territorial está el compromiso, y se viene trabajando arduamente con el Incoder, para sacar adelante el plan de tierra y territorio de los pueblos indígenas”, aseguró el director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas.

En materia de autonomía, los ministerios de Interior y de Justicia trabajan para reglamentar la coordinación de la jurisdicción especial indígena y la ordinaria.

En cuanto a las víctimas, “se viene haciendo todo el esfuerzo para la implementación del decreto ley 4633 del 2011, que tiene que ver con la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, dijo Gabriel Muyuy.

Como se aprecia, hay varias iniciativas del actual Gobierno en ejecución, que deberían estar listas antes de que concluya el periodo para bien y reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en Colombia.

De hecho, el 9 de agosto Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, llamó a los estados a trabajar más para honrar y fortalecer los tratados que sostienen con los pueblos indígenas, sin importar hace cuánto tiempo los hayan firmado.

“Incluso si fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, muchos tratados siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de los pueblos indígenas, determinando la relación que tienen con el Estado. Por ello son altamente significativos para los derechos humanos hoy,” dijo la alta comisionada.

El día de los indígenas

Cada 9 de agosto los pueblos indígenas se hacen visibles para recordarle al mundo que se encuentran entre los grupos humanos más desfavorecidos. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace homenaje a los más de 370 millones de indígenas que hay en la tierra que constituyen 5.000 pueblos, de los que 670 son de América Latina y 120 habitan en Colombia.

Si bien este día fue establecido hace 19 años (en 1994), para recordar a los gobiernos y la sociedad su responsabilidad frente a la supervivencia y protección de su riqueza cultural, la situación en que viven no ha cambiado y, de hecho, el relator especial de las ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortó a los gobiernos a respetar los acuerdos con estos pueblos y a enfrentar los "errores históricos" cometidos en contra ellos.

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