Por Laia Farrera*
7 de octubre, 2013.- “La violencia, el racismo y la pobreza afectan desproporcionadamente a las mujeres aborígenes en Canadá, las cuáles según las estadísticas, tienes mayores probabilidades de morir de forma violenta que las mujeres no aborígenes”.
La Carretera de las Lágrimas
A lo largo de las últimas décadas
al menos 580 mujeres de ascendencia indígena han desaparecido o han sido asesinadas en Canadá. Alrededor de 40 de los casos documentados han sucedido en la tristemente conocida como Carretera de las Lágrimas, un tramo de unos 800 km. de la autovía 16. El recorrido de esta carretera pasa por numerosas comunidades aborígenes entre los estados de Manitoba y la Columbia Británica, dónde reside una gran parte de la población nativa. Según diversos estudios, el componente racial unido a la pobreza aumenta el riesgo al que se exponen las mujeres canadienses de ser agredidas, secuestradas o asesinadas.
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| Mapa: Highway of Tears |
El desplazamiento de las tierras indígenas es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad económica de las mujeres nativas que hoy en día representan el 42,7% de la tasa de pobreza canadiense. Los desplazamientos destruyen la forma tradicional de vida y perjudican la habilidad de los pueblos aborígenes de auto-sustentarse a sí mismos. Así, muchas mujeres se ven obligadas a dejar sus comunidades de origen – y a menudo, a sus hijos- para encontrar un trabajo o continuar con sus estudios en centros urbanos. De esta forma, también dejan atrás una parte de su cultura en la lucha por encajar en un entorno de trabajo no-aborigen y se ven arrojadas a trabajos precarios, a viviendas en zonas inseguras o marginales de las ciudades, y a la desigualdad y el racismo sistémico forjado a base de años de políticas discriminatorias.
“Las mujeres aborígenes conforman tan sólo un 4% de la población total femenina canadiense, pero según un informe de la Canadian Feminist Alliance for International Action, una de cada diez mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del oeste, lo cual hace que la cifra sea significativamente alta. El mismo informe cita que las mujeres aborígenes tienen más posibilidades de ser asesinadas por un extraño que las no indígenas y, finalmente, que la policía interviene menos frecuentemente y más tarde en los casos de mujeres aborígenes, el 70% de los cuales quedan sin resolver“.
La huella de las políticas asimilacionistas derivadas de la colonización europea que implicaron la ruptura de lazos familiares, la destrucción de la cultura, el desplazamiento de tierras reservadas o el desplazamiento forzado de mujeres después de contraer matrimonio, están relacionadas con la actual vulnerabilidad de las mujeres y de los niños aborígenes que hoy en día siguen afrontando retos básicos como la supervivencia o la seguridad.
La colonización y el Acta India
Si bien la convivencia entre los pueblos originarios y la corona británica se determinó mediante acuerdos de coexistencia pacífica establecidos por ley y realizados en supuestas condiciones de igualdad a partir de 1781, el verdadero control gubernamental sobre las vidas de los pueblos nativos empieza en 1876 cuando el gobierno federal aprueba el
Acta India, que establece el estatus social inferior de los pueblos aborígenes.
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| Imagen: Colonization and The Treaties |
El Acta India regula casi todos los aspectos de la vida de los aborígenes confinados en reservas propiedad de la Corona y bajo la tutela del Estado. Al carecer de estatus legal y derechos civiles propios, se les impide votar, se les deniega el amparo a los tribunales de justicia, no se les permite poseer o comerciar con propiedades o desarrollar ningún tipo de actividad comercial o de cualquier otra índole y es también el gobierno en última instancia, quien decide quién puede considerarse indígena y quien otorga el estatus como tal.
Hasta entonces, en muchos de los sistemas tradicionales nativos las mujeres disfrutaban de la plena participación en la vida familiar y en el matrimonio, en la política, en la toma de decisiones y en la vida ceremonial. Las leyes federales introdujeron cambios que debilitaban discriminadamente los derechos de las mujeres en las comunidades locales reduciendo así su autonomía y sus roles tradicionales. Por ejemplo, si una mujer nativa se casaba con un hombre no aborigen, perdía su estatus y con él sus derechos como indígena, no así en los matrimonios formados por hombres indígenas con mujeres no aborígenes. O bien, si una mujer se casaba con un hombre de otro grupo nativo perdía los derechos como indígena de su nación de origen y se la borraba de dicho registro para inscribirla en la nación de su marido.
El efecto inmediato y a largo plazo fue la reducción del nombre de estatus indígenas, la imposición del sistema patrilineal europeo y la elevación del poder y la autoridad de los hombres en lugar de las mujeres en el seno de las comunidades. El resultado fue una grave alteración de los sistemas familiares tradicionales, de patrón descendiente matrilineal y matrilocal, a patrones de residencia post-maritales. Además, personificaba e imponía el principio de que las mujeres indígenas y sus hijos, al igual que las mujeres europeas y sus hijos, quedaban sujetas a sus padres y maridos.
El legado de las escuelas residenciales
A partir de 1883 el gobierno canadiense pone en marcha el sistema de escuelas residenciales para niños aborígenes que tenían como objetivo eliminar la cultura de los pueblos nativos. Entre 1883 y 1994, más de 150.000 niños y niñas aborígenes fueron separados de sus familias a partir de los seis años. Todos ellos sufrieron abusos físicos, psicológicos, sexuales, emocionales y espirituales. Se estima que los castigos corporales, la tortura física, la inanición, la esterilización forzada, la exposición deliberada a enfermedades y la negación y negligencia médica fueron causantes de la muerte de al menos 50.000 niños aborígenes que jamás volvieron a sus hogares mientras que los supervivientes tuvieron que afrontar duras secuelas psicológicas y sociales tales como adicciones, alcoholismo, dependencia, baja autoestima, suicidio, prostitución, abuso sexual y violencia.
Además de la pérdida de la cultura y los valores tradicionales, se rompieron los vínculos familiares y se privó a las madres y abuelas nativas de su rol de proveedoras de afecto, maestras y guías de la misma forma que se privó a los niños y las niñas de aprender mediante la tradicional observación e interacción con sus familias ya que el vínculo afectivo desapareció. Finalmente, el desconocimiento de la lengua afectó la habilidad de los niños para comunicarse con sus mayores y redujo así su acceso a enseñanzas culturales y espirítuales.
En la década de los sesenta, las familias estuvieron sujetas a otro conjunto de prácticas y políticas discriminatorias conocidas como The 60’s Scoop o “Batida de los Sesenta” mediante las cuales muchos niños aborígenes fueron extraídos de sus familias y entregados a agencias de adopción y centros de acogida, siendo adoptados por familias blancas y, perdiendo de nuevo el contacto con sus comunidades de origen que a su vez quedaron vacías de niños.
Movilización social
Ante la descoordinación y la falta de medidas tomadas por la policía, han sido las organizaciones civiles y humanitarias, especialmente las indígenas, quienes han puesto en marcha las investigaciones sobre las mujeres desaparecidas mediante el acercamiento y la colaboración con las familias de las víctimas, la creación de bases de datos de recogida de información, y han conseguido protocolos de actuación policial apropiados gracias a que Amnistía Internacional dio a conocer el asunto a la opinión pública nacional mediante el informeStolen Sisters en el año 2004.
Es por ello que desde el año 2005 se organizan vigilias y marchas cada 4 de octubre, en el aniversario de la desaparición y el asesinato de Gladys Tolley, que han dado como resultadocierta visibilización del feminicidio indígena entre la opinión pública canadiense y que han conseguido que la sociedad civil presione al gobierno federal para que actúe y realice una investigación para esclarecer los asesinatos y promover el derecho a la seguridad de todas las mujeres, investigación a la cual por el momento, la administración de Harper sigue siendo renuente.
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* Barcelona. Periodista especializada en comunicación para la construcción de la paz en los conflictos internacionales. Analista de medios e investigadora en el Observatorio de la Cobertura de Conflictos de la Universidad Autónoma de Barcelona, ??en las áreas de abuso infligido a las mujeres en contextos de alta violencia y los desastres humanitarios. Interesada en temas indígenas, movimientos sociales y alternativas pacíficas al capitalismo.
