Curso 2014

Del 30 de junio al 04 de julio

Concejo Intercities: Laredo - Cenon

Mayo 2014

Universidad de Cantabria

Ayuntamiento de Laredo, Medalla de Oro de la Institución

Primer Concejo Intercities

Laredo - Cenon

LAREDO CIUDAD JUSTA

Conoce algunas inciativas

lunes, 7 de octubre de 2013

El Feminicidio indígena de Canadá: una vergüenza aún sin resolver


Por Laia Farrera*

7 de octubre, 2013.- “La violencia, el racismo y la pobreza afectan desproporcionadamente a las mujeres aborígenes en Canadá, las cuáles según las estadísticas, tienes mayores probabilidades de morir de forma violenta que las mujeres no aborígenes”.



La Carretera de las Lágrimas 

A lo largo de las últimas décadas al menos 580 mujeres de ascendencia indígena han desaparecido o han sido asesinadas en Canadá. Alrededor de 40 de los casos documentados han sucedido en la tristemente conocida como Carretera de las Lágrimas, un tramo de unos 800 km. de la autovía 16. El recorrido de esta carretera pasa por numerosas comunidades aborígenes entre los estados de Manitoba y la Columbia Británica, dónde reside una gran parte de la población nativa. Según diversos estudios, el componente racial unido a la pobreza aumenta el riesgo al que se exponen las mujeres canadienses de ser agredidas, secuestradas o asesinadas.

Mapa: Highway of Tears
El desplazamiento de las tierras indígenas es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad económica de las mujeres nativas que hoy en día representan el 42,7% de la tasa de pobreza canadiense. Los desplazamientos destruyen la forma tradicional de vida y perjudican la habilidad de los pueblos aborígenes de auto-sustentarse a sí mismos. Así, muchas mujeres se ven obligadas a dejar sus comunidades de origen – y a menudo, a sus hijos- para encontrar un trabajo o continuar con sus estudios en centros urbanos. De esta forma, también dejan atrás una parte de su cultura en la lucha por encajar en un entorno de trabajo no-aborigen y se ven arrojadas a trabajos precarios, a viviendas en zonas inseguras o marginales de las ciudades, y a la desigualdad y el racismo sistémico forjado a base de años de políticas discriminatorias.

“Las mujeres aborígenes conforman tan sólo un 4% de la población total femenina canadiense, pero según un informe de la Canadian Feminist Alliance for International Action, una de cada diez mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del oeste, lo cual hace que la cifra sea significativamente alta. El mismo informe cita que las mujeres aborígenes tienen más posibilidades de ser asesinadas por un extraño que las no indígenas y, finalmente, que la policía interviene menos frecuentemente y más tarde en los casos de mujeres aborígenes, el 70% de los cuales quedan sin resolver“.

La huella de las políticas asimilacionistas derivadas de la colonización europea que implicaron la ruptura de lazos familiares, la destrucción de la cultura, el desplazamiento de tierras reservadas o el desplazamiento forzado de mujeres después de contraer matrimonio, están relacionadas con la actual vulnerabilidad de las mujeres y de los niños aborígenes que hoy en día siguen afrontando retos básicos como la supervivencia o la seguridad.

La colonización y el Acta India

Si bien la convivencia entre los pueblos originarios y la corona británica se determinó mediante acuerdos de coexistencia pacífica establecidos por ley y realizados en supuestas condiciones de igualdad a partir de 1781, el verdadero control gubernamental sobre las vidas de los pueblos nativos empieza en 1876 cuando el gobierno federal aprueba el Acta India, que establece el estatus social inferior de los pueblos aborígenes.

Imagen: Colonization and The Treaties
El Acta India regula casi todos los aspectos de la vida de los aborígenes confinados en reservas propiedad de la Corona y bajo la tutela del Estado. Al carecer de estatus legal y derechos civiles propios, se les impide votar, se les deniega el amparo a los tribunales de justicia, no se les permite poseer o comerciar con propiedades o desarrollar ningún tipo de actividad comercial o de cualquier otra índole y es también el gobierno en última instancia, quien decide quién puede considerarse indígena y quien otorga el estatus como tal.

Hasta entonces, en muchos de los sistemas tradicionales nativos las mujeres disfrutaban de la plena participación en la vida familiar y en el matrimonio, en la política, en la toma de decisiones y en la vida ceremonial. Las leyes federales introdujeron cambios que debilitaban discriminadamente los derechos de las mujeres en las comunidades locales reduciendo así su autonomía y sus roles tradicionales. Por ejemplo, si una mujer nativa se casaba con un hombre no aborigen, perdía su estatus y con él sus derechos como indígena, no así en los matrimonios formados por hombres indígenas con mujeres no aborígenes. O bien, si una mujer se casaba con un hombre de otro grupo nativo perdía los derechos como indígena de su nación de origen y se la borraba de dicho registro para inscribirla en la nación de su marido.

El efecto inmediato y a largo plazo fue la reducción del nombre de estatus indígenas, la imposición del sistema patrilineal europeo y la elevación del poder y la autoridad de los hombres en lugar de las mujeres en el seno de las comunidades. El resultado fue una grave alteración de los sistemas familiares tradicionales, de patrón descendiente matrilineal y matrilocal, a patrones de residencia post-maritales. Además, personificaba e imponía el principio de que las mujeres indígenas y sus hijos, al igual que las mujeres europeas y sus hijos, quedaban sujetas a sus padres y maridos.

El legado de las escuelas residenciales

A partir de 1883 el gobierno canadiense pone en marcha el sistema de escuelas residenciales para niños aborígenes que tenían como objetivo eliminar la cultura de los pueblos nativos. Entre 1883 y 1994, más de 150.000 niños y niñas aborígenes fueron separados de sus familias a partir de los seis años. Todos ellos sufrieron abusos físicos, psicológicos, sexuales, emocionales y espirituales. Se estima que los castigos corporales, la tortura física, la inanición, la esterilización forzada, la exposición deliberada a enfermedades y la negación y negligencia médica fueron causantes de la muerte de al menos 50.000 niños aborígenes que jamás volvieron a sus hogares mientras que los supervivientes tuvieron que afrontar duras secuelas psicológicas y sociales tales como adicciones, alcoholismo, dependencia, baja autoestima, suicidio, prostitución, abuso sexual y violencia.

Además de la pérdida de la cultura y los valores tradicionales, se rompieron los vínculos familiares y se privó a las madres y abuelas nativas de su rol de proveedoras de afecto, maestras y guías de la misma forma que se privó a los niños y las niñas de aprender mediante la tradicional observación e interacción con sus familias ya que el vínculo afectivo desapareció. Finalmente, el desconocimiento de la lengua afectó la habilidad de los niños para comunicarse con sus mayores y redujo así su acceso a enseñanzas culturales y espirítuales.

En la década de los sesenta, las familias estuvieron sujetas a otro conjunto de prácticas y políticas discriminatorias conocidas como The 60’s Scoop o “Batida de los Sesenta” mediante las cuales muchos niños aborígenes fueron extraídos de sus familias y entregados a agencias de adopción y centros de acogida, siendo adoptados por familias blancas y, perdiendo de nuevo el contacto con sus comunidades de origen que a su vez quedaron vacías de niños.

Movilización social

Ante la descoordinación y la falta de medidas tomadas por la policía, han sido las organizaciones civiles y humanitarias, especialmente las indígenas, quienes han puesto en marcha las investigaciones sobre las mujeres desaparecidas mediante el acercamiento y la colaboración con las familias de las víctimas, la creación de bases de datos de recogida de información, y han conseguido protocolos de actuación policial apropiados gracias a que Amnistía Internacional dio a conocer el asunto a la opinión pública nacional mediante el informeStolen Sisters en el año 2004.

Es por ello que desde el año 2005 se organizan vigilias y marchas cada 4 de octubre, en el aniversario de la desaparición y el asesinato de Gladys Tolley, que han dado como resultadocierta visibilización del feminicidio indígena entre la opinión pública canadiense y que han conseguido que la sociedad civil presione al gobierno federal para que actúe y realice una investigación para esclarecer los asesinatos y promover el derecho a la seguridad de todas las mujeres, investigación a la cual por el momento, la administración de Harper sigue siendo renuente.

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* Barcelona. Periodista especializada en comunicación para la construcción de la paz en los conflictos internacionales. Analista de medios e investigadora en el Observatorio de la Cobertura de Conflictos de la Universidad Autónoma de Barcelona, ??en las áreas de abuso infligido a las mujeres en contextos de alta violencia y los desastres humanitarios. Interesada en temas indígenas, movimientos sociales y alternativas pacíficas al capitalismo.

miércoles, 2 de octubre de 2013

Mujeres de diversas orillas proponen un pacto por la paz

El proyecto lo presentará este miércoles el Colectivo de Pensamiento Mujer, Paz y Seguridad en Colombia.

La paz. Esa es la gran obsesión de un grupo de 30 mujeres que trabaja desde hace más de dos años en la búsqueda de ese objetivo.

Todas tienen diferentes y profundas cicatrices de esta guerra que consume al país desde hace medio siglo. Unas han sido víctimas del desplazamiento por parte de grupos armados ilegales, a otras les han secuestrado a sus familiares, unas han tenido que vivir en el exilio y otras le han puesto la cara a la guerra desde las Fuerzas Militares.

Ellas hacen parte del Colectivo de Pensamiento Mujer, Paz y Seguridad, que se caracteriza por tener en una misma mesa hablando de paz a mujeres de sectores opuestos: víctimas de la guerra, miembros de las Fuerzas Armadas, excombatientes, religiosas, académicas, periodistas y del sector privado, entre otras.

A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas y sociales, poco a poco han ido sanando sus heridas y quieren que cada uno de los más de 40 millones de colombianos se contagien de este sentimiento y se reconcilien unos con otros.

Este trabajo constante las llevó a construir un pacto para un país en paz, que lanzarán este miércoles a las 6 de la tarde en la Universidad Javeriana de Bogotá y que lo llevarán en los próximos meses a cada uno de los municipios.

Se trata de un memorial de 15 puntos, ‘15 maneras para construir paz’, con los que buscan que los habitantes se apropien de cada uno de estos y haya, por fin, una transformación social que comience desde las casas.

Incluye aspectos como “reconocer y superar el profundo dolor causado por las violencias que nos desgarran desde décadas” y “cambiar la visión de que quien no está conmigo está contra mí”.

También propone “rechazar categóricamente todas las formas de violencia hacia las mujeres y convertirlas en prácticas políticas y culturales inaceptables”.

Y para que haya un compromiso real de los ciudadanos de cumplir con estos principios básicos para una sociedad en paz harán una recolección de firmas.

'Es comprometerse a actuar diferente'
Rosa E. Salamanca, líder del Colectivo de Pensamiento Mujer, Paz y Seguridad

“El país tiene que entender que no podemos seguir matándonos unos a otros, así tengamos diferencias. Estamos convencidas de que la paz se construye desde la ciudadanía. Nuestra propuesta se basa en crear paz desde lo personal para luego llegar a lo colectivo. Perdonar es sanarnos, es sentirnos diferentes y comenzar una nueva vida. Y esa actitud se contagia. Es comprometerse a actuar diferente. A ver al otro como igual. Desde ahí parte todo”.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Cuando el viaje acaba en explotación sexual

  • 4,5 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación sexual cada año, según la OIT.
  • La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas, genera unos ingresos anuales de 32.000 millones de dólares.
  • Las organizaciones sociales reclaman al gobierno español una Ley Integral de Lucha contra la Trata.

“Un día, hablando en un chat con mucha gente, un chico me contactó en privado. No recuerdo su nombre, pero la conversación fue muy agradable y quedamos para conocernos en persona. Me invitó a un café por la mañana y por la tarde quedamos a comer una pizza. Así, tranquilamente, me propuso un empleo en el extranjero, exactamente en España, para trabajar en un lavacoches. Incluso me dijo que si alguna amiga mía buscaba empleo, también ella podría trabajar”. Así comienza la historia de Dumitra (nombre ficticio), una joven rumana que un día acudió a Proyecto Esperanza solicitando ayuda para romper el círculo de la trata.

Según la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), alrededor de 4,5 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, son víctimas cada año de la trata con fines de explotación sexual. El negocio del tráfico de personas genera, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC), unos ingresos por valor de 32.000 millones de dólares al año. Se trata de la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de drogas y de armas. En el 80 por ciento de los casos, la esclavitud cobra forma de explotación sexual, no obstante, la UNODC estima que solo se detecta a una de cada 20 víctimas potenciales. Este mismo organismo, en su informe de 2010 “ Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual”, establece un ciclo de rotación bianual, esto significa que “sería preciso reclutar todos los años a unas 70.000 mujeres para reemplazar a las que dejan el mercado”.

En España, primer país de Europa en consumo de prostitución y tercero del mundo segúnAPRAMP (Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida), el perfil de la víctima de trata es el de una mujer de nacionalidad rumana y de edad entre los 18 y los 32 años. Una mujer como Dumitra, que se embarca en un viaje engañada con la promesa de un trabajo o un futuro mejor y por el que se llegan a contraer, en el caso concreto de las mujeres subsaharianas, deudas de entre 40.000 y 50.000 euros. Los peligros del viaje, que puede durar varios meses, y en el que muchas veces ya sufren violencia sexual y diversas formas de explotación, son solo el inicio de una vida en condiciones de esclavitud, amenazadas tanto ellas como sus familiares en el lugar de origen.

“Al día siguiente me llevaron a enseñarme donde iba a trabajar y ese sitio fue el que menos me podía imaginar, ejerciendo la prostitución en la calle. Me arrepentí mucho, pero era muy tarde. Amenazas tras amenazas nos obligaban a estar trabajando para los chulos sin contar nada a nadie. Aguanté ocho meses, tiempo en el que todo fue una pesadilla horrible. Me vendieron a otros porque un chico se enamoró de mí, y allí fue mucho peor que antes. Un día dije basta, no aguanto más. Pase lo que pase, tengo que salir de aquí”, recuerda Dumitra. Su testimonio ha sido recogido por Proyecto Esperanza, una organización integrada en la Red Española contra la Trata de Personas que desde 1999 presta ayuda de tipo integral a las mujeres víctimas de trata. Su coordinadora, Marta González, explica al otro lado del teléfono la complejidad de este fenómeno: “Se trata de un problema global y es necesario abordarlo como un problema de violación múltiple de derechos humanos, al entenderlo desde esta perspectiva, la prioridad de las autoridades debe ser la protección a las víctimas”, sostiene, al tiempo que reconoce que en España se ha avanzado bastante en los últimos años pero “todavía queda mucho por hacer”.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Premio europeo de derechos humanos

BRUSELAS, 17 Sep. (Reuters/EP)

El fugitivo exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden es uno de loscandidatos a un premio europeo de derechos humanos entre cuyos ganadores anteriores figuran elhéroe antiapartheid sudafricano Nelson Mandela y la líder de la oposición de Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Snowden, que se esconde en Rusia, es uno de los siete nominados por miembros del Parlamento Europeo al Premio Sajarov a la libertad de pensamiento, iniciativa que probablemente molestará a Washington, que quiere juzgarlo por cargos de espionaje.

Snowden fue nominado por los Verdes en el Parlamento Europeo, que dijeron que había hecho un "servicio enorme" por los derechos humanos y por los ciudadanos europeos al revelar los programas secretos estadounidenses de vigilancia telefónica y en Internet.

"Edward Snowden ha arriesgado su libertad para ayudarnos a protegernos y merece ser honrado por arrojar luz sobre la vulneración sistemática de las libertades civiles por parte de los servicios secretos de Estados Unidos y Europa", dijeron Rebecca Harms y Dany Cohn-Bendit, líderes de los Verdes de izquierda, en un comunicado.

Las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos vigila grandes cantidades de correos electrónicos y datos telefónicos tanto de estadounidenses como de extranjeros y un reporte de que Washington espió a la Unión Europea han causado indignación en las capitales del Viejo Continente.

Entre los otros candidatos al premio figuran Malala Yousafzai, la niña paquistaní a la que los talibanes dispararon en la cabeza el año pasado por exigir educación para las niñas, y el ex magnate ruso del petróleo Mikhail Khodorkovsky, un crítico del presidente Vladimir Putin que ha sido condenado por lavado de dinero, evasión tributaria y fraude.

Los comités del Parlamento Europeo votarán para dejar una lista de tres finalistas el 30 de septiembre y el ganador será elegido por los líderes parlamentarios el 10 de octubre.

martes, 10 de septiembre de 2013

I CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y CONSEJO INTERCITIES 2013


16 jóvenes de Laredo y Cenon han celebrado el primer Consejo de la Infancia Intercities, con el fin de promover y defender los derechos de participación, el interés superior de los niños y las niñas, la no discriminación y el desarrollo integral de los menores por la que lucha la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia de UNICEF.

Además, han compartido “experiencias”, han puesto en común “los asuntos que les preocupan” y han descubierto “diferencias culturales” y “la importancia” del dominio de otras lenguas, según ha indicado la edil de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Cooperación e Igualdad, Pilar Santisteban, quien ha diseñado y dirigido el proyecto presentado por los ayuntamientos de Laredo y Cenon al programa europeo ‘La Juventud en Acción’.


I CONSEJO INTERCITIES DE LA INFANCIA LAREDO-CENON 2013



CONSEJO DE LA INFANCIA from Ayuntamiento de Laredo on Vimeo.


GALERÍA DE VÍDEOS



GALERÍAS FOTOGRÁFICAS

Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Visita a Caballo al Espacio Natural el Regatón









domingo, 18 de agosto de 2013

Caso de 'bebés robados'

Primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de 'bebés robados'

EFE. 17.08.2013

La primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de "niños robados" puede suponer una nueva vía para las víctimas, que intentarían buscar en Europa las respuestas que, según apuntan muchas de ellas, no les ha ofrecido la justicia española. El abogado Enrique Vila presentó hace unos días la demanda, después de que el Tribunal Constitucional (TC) archivara el recurso del caso, que tiene su origen en el nacimiento de una niña en el Hospital Civil de Málaga en 1964 y cuya hermana asegura que ninguno de los familiares vio el cuerpo del bebé fallecido. Además, no consta documentación sobre su defunción, por lo que no se puede acreditar el fallecimiento. En declaraciones, Vila, quien también es presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, confía en que el Tribunal Europeo admita a trámite la demanda, si bien apunta que ésta es una instancia jurídica que sólo acepta analizar el 20% de las peticiones que recibe. "Yo espero que sí la admita porque en España está ocurriendo una clara vulneración de derechos fundamentales, muchos afectados no están teniendo una justicia efectiva por la prescripción de los delitos", afirma el letrado. Indicaciones de la Fiscalía Muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados A pesar de que el pasado mes de diciembre, la Fiscalía General del Estado emitió una circular en la que, entre otras cosas, ordenó a los fiscales agotar la investigación de las denuncias antes de fijar posición sobre la prescripción, Vila sostiene que muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados. En su opinión, el Tribunal Supremo o el Constitucional son los que tienen que marcar la línea a seguir por los jueces y "aún no la han trazado", por lo que lo que cada magistrado puede hacer lo que estime oportuno. "Ante esto, el Gobierno no puede hacer nada, depende de la Justicia", asevera el abogado, que anima a los afectados a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para así agotar todas las vías posibles con el fin de encontrar a sus familiares "robados". El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, también emplaza a las víctimas a acudir a esta instancia. A la justicia española parece ser que no le interesa este tema "Ya que a la justicia española parece ser que no le interesa este tema, habrá que ir fuera", resalta. Aunque es consciente de que para llegar al citado tribunal hay que agotar todas las vías en España, es decir, haber llegado hasta el TC, Barroso señala que lo que sí pueden hacer los afectados es enviar una queja de su caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Según el presidente de Anadir, dicha Comisión está admitiendo a trámite todas las quejas sobre casos de "niños robados" que recibe y, además, ha pedido un informe a la Comisión Europea de estos supuestos hechos ocurridos en España, en los que los bebés eran sustraídos a sus padres al nacer tras decirles que habían muerto. En septiembre, la Comisión de Peticiones tiene una reunión y "se sabrá algo de lo que opina la UE sobre este tema", afirma. "Mientras más quejas lleguen más favorable va a ser para nosotros" el dictamen europeo, según Barroso, que recomienda a todos los afectados que manden su queja, ya que "basta con enviar una carta −2 ó 3 euros en Correos− a la Comisión de Peticiones". El pasado mes de junio, más de un centenar de familias anunció que se sumaría a la petición de un afectado por un supuesto robo de sus bebé en Granada, aceptada por esta Comisión, para continuar con la investigación del paradero de sus familiares. Sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio Por otra parte, Barroso ha hecho hincapié en que el Gobierno "tiene que crear" una Comisión de Investigación sobre "niños robados", ya que "sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio". La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, por el contrario, no cree que la demanda presentada por Vila llegue a buen puerto. "Ahora mismo soy un poco escéptica porque el tribunal europeo verá que el Gobierno de España ha empezado a caminar con este tema y delegará en las actuaciones que éste está llevando a cabo", comenta Soriano, aunque cree que el Ejecutivo "va muy despacio" en este asunto. Soriano considera que la justicia ya no está archivando los casos porque hayan prescrito, sino por algún defecto de forma o documental.
 


lunes, 12 de agosto de 2013

Indígenas, entre el hambre, la violencia y el olvido

Expertos aseguran que los nativos colombianos están hoy más pobres que durante la Conquista.

Según la Corte Constitucional, 35 pueblos indígenas de Colombia están en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente.

Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, dice que la situación es “crítica, crítica por la falta de seguridad alimentaria; por la presencia de los actores armados ilegales en sus territorios; por los cultivos ilícitos y el narcotráfico; por la débil presencia institucional; porque los proyectos de política pública no llegan con fuerza, y crítica también porque cuando los fenómenos naturales los afectan, su lejanía (geográfica) dificulta una atención rápida”.

Juvenal Arrieta, secretario general de la Organización Nacional Indígena (ONIC), definió la situación de los indígenas en el país como “preocupante, invisible e invisibilizada”, además subrayó que en el 2009 “la Corte Constitucional dijo que hay 35 pueblos que se encuentran en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente”.

Los pueblos indígenas colombianos enfrentan un riesgo transversal: el conflicto armado, del que en muchas ocasiones parecen ser invisibles a los ojos de muchos colombianos. Sin embargo, los acechan otras amenazas como la falta de seguridad alimentaria y el riesgo de que se desvanezca su cultura.

Las mayores dificultades en materia de seguridad alimentaria las padecen, especialmente, los niños de los pueblos los Emberá y Wounaan, de la región del Chocó, donde si la desnutrición no los mata, reduce su capacidad física e intelectual de por vida.

En el departamento de La Guajira, en Uribia y Manaure, los problemas alimentarios de los Wayúu se combinan con la falta de agua. En la Amazonia, en el Caquetá, los Coreguajes también afrontan dificultades en materia alimentaria.

Las cifras escasean. En los reportes oficiales casi nunca hay datos actualizados, en buena medida porque cuando mueren los niños indígenas, simplemente son enterrados en algún potrero. No hay acta de defunción.

Pero no es solo la violencia y el hambre lo que afecta a los pueblos nativos. Entre las grandes tragedias que viven se encuentran el desvanecimiento gradual de su cultura y lengua. Los más propensos son los que tienen pocos integrantes en la Orinoquia y la Amazonia, los cuales corren un alto riesgo de ser afectados en sus valores culturales.

Según Muyuy, 56 pueblos indígenas –es decir más del 50 por ciento de estas comunidades en el país– “corren el riesgo de ser ‘aculturados’ y perder sus valores lingüísticos y culturales que milenariamente han conservado”. Sobre todo los que habitan en la Zona Andina.

En cuanto a los riesgos de seguridad, el senador indígena Marco Avirama considera que estos pueblos al vivir en zonas de tránsito de “la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico”, están “entre la espada y la pared”. “La guerrilla los acusa de ser informantes del Ejército, mientras que la tropa los acusa de ser colaboradores de los guerrilleros”.

El asunto es muy simple. Cualquiera de estas comunidades, que siempre viven en zonas alejadas, están a merced de los armados. Por eso, son víctimas frecuentes del reclutamiento, las amenazas, los asesinatos y el desplazamiento.

Avirama denunció que incluso en Puerto Inírida (Guainía), los nativos han sido víctimas, en los últimos meses de los abusos cometidos por la Guardia Nacional Venezolana. Según él, solo hace dos semanas asesinaron a un hombre y violaron a tres mujeres en el territorio colombiano, tema denunció ante la Cancillería.

El presidente de la Onic planteó “tres razones estructurales” –basado en lo dicho por la Corte Constitucional– para que el 34 por ciento de los pueblos indígenas colombianos se encuentren en peligro de desaparecer, junto a sus conocimientos ancestrales: “el conflicto armado con sus manifestaciones –el desplazamiento, las minas antipersona, restricción a las libertades políticas, aspersiones con glifosato, violencia sexual y el desplazamiento, entre otros–”.

En segundo lugar, “el empobrecimiento estructural” de estás comunidades. “Las Naciones Unidas dicen que los indígenas no son pobres sino empobrecidos por falta de oportunidad; hay regiones donde no conocen una escuela, ni un enfermero, hay zonas donde están prácticamente a su suerte”, señaló Arrieta. Y además recalcó que “donde están los centros educativos o de prestación de servicios hospitalarios no se reconoce la diferencia cultural”.

En tercer lugar está “el modelo de desarrollo económico y la presencia de transnacionales en zonas indígenas de manera inconsulta. Es una situación preocupante e invisible”, concluyó el líder indígena.

El Gobierno y los pueblos


Este 9 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos agradeció los aportes hechos por los pueblos indígenas al desarrollo y la construcción de la sociedad, y recordó que el año pasado, con motivo de esta celebración, “destacamos los ajustes institucionales que adelantamos en nuestro gobierno para transitar el camino señalado por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas en el país”.

En efecto, el Gobierno Nacional está implementando lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo, en concertación con los pueblos indígenas del país, en materia territorial, cultural, de educación y de autonomía.

En lo cultural está el compromiso de concretar el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que les permita administrar la educación de los pueblos. En materia de salud, trabajan en el proyecto del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural.

“Algo muy importante es sacar adelante la política integral para los pueblos indígenas del país, igualmente en materia territorial está el compromiso, y se viene trabajando arduamente con el Incoder, para sacar adelante el plan de tierra y territorio de los pueblos indígenas”, aseguró el director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas.

En materia de autonomía, los ministerios de Interior y de Justicia trabajan para reglamentar la coordinación de la jurisdicción especial indígena y la ordinaria.

En cuanto a las víctimas, “se viene haciendo todo el esfuerzo para la implementación del decreto ley 4633 del 2011, que tiene que ver con la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, dijo Gabriel Muyuy.

Como se aprecia, hay varias iniciativas del actual Gobierno en ejecución, que deberían estar listas antes de que concluya el periodo para bien y reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en Colombia.

De hecho, el 9 de agosto Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, llamó a los estados a trabajar más para honrar y fortalecer los tratados que sostienen con los pueblos indígenas, sin importar hace cuánto tiempo los hayan firmado.

“Incluso si fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, muchos tratados siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de los pueblos indígenas, determinando la relación que tienen con el Estado. Por ello son altamente significativos para los derechos humanos hoy,” dijo la alta comisionada.

El día de los indígenas


Cada 9 de agosto los pueblos indígenas se hacen visibles para recordarle al mundo que se encuentran entre los grupos humanos más desfavorecidos. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace homenaje a los más de 370 millones de indígenas que hay en la tierra que constituyen 5.000 pueblos, de los que 670 son de América Latina y 120 habitan en Colombia.

Si bien este día fue establecido hace 19 años (en 1994), para recordar a los gobiernos y la sociedad su responsabilidad frente a la supervivencia y protección de su riqueza cultural, la situación en que viven no ha cambiado y, de hecho, el relator especial de las ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortó a los gobiernos a respetar los acuerdos con estos pueblos y a enfrentar los "errores históricos" cometidos en contra ellos.