Curso 2014

Del 30 de junio al 04 de julio

Concejo Intercities: Laredo - Cenon

Mayo 2014

Universidad de Cantabria

Ayuntamiento de Laredo, Medalla de Oro de la Institución

Primer Concejo Intercities

Laredo - Cenon

LAREDO CIUDAD JUSTA

Conoce algunas inciativas

martes, 10 de septiembre de 2013

I CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y CONSEJO INTERCITIES 2013


16 jóvenes de Laredo y Cenon han celebrado el primer Consejo de la Infancia Intercities, con el fin de promover y defender los derechos de participación, el interés superior de los niños y las niñas, la no discriminación y el desarrollo integral de los menores por la que lucha la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia de UNICEF.

Además, han compartido “experiencias”, han puesto en común “los asuntos que les preocupan” y han descubierto “diferencias culturales” y “la importancia” del dominio de otras lenguas, según ha indicado la edil de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Cooperación e Igualdad, Pilar Santisteban, quien ha diseñado y dirigido el proyecto presentado por los ayuntamientos de Laredo y Cenon al programa europeo ‘La Juventud en Acción’.


I CONSEJO INTERCITIES DE LA INFANCIA LAREDO-CENON 2013



CONSEJO DE LA INFANCIA from Ayuntamiento de Laredo on Vimeo.


GALERÍA DE VÍDEOS



GALERÍAS FOTOGRÁFICAS

Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Visita a Caballo al Espacio Natural el Regatón









domingo, 18 de agosto de 2013

Caso de 'bebés robados'

Primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de 'bebés robados'

EFE. 17.08.2013

La primera denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un caso de "niños robados" puede suponer una nueva vía para las víctimas, que intentarían buscar en Europa las respuestas que, según apuntan muchas de ellas, no les ha ofrecido la justicia española. El abogado Enrique Vila presentó hace unos días la demanda, después de que el Tribunal Constitucional (TC) archivara el recurso del caso, que tiene su origen en el nacimiento de una niña en el Hospital Civil de Málaga en 1964 y cuya hermana asegura que ninguno de los familiares vio el cuerpo del bebé fallecido. Además, no consta documentación sobre su defunción, por lo que no se puede acreditar el fallecimiento. En declaraciones, Vila, quien también es presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, confía en que el Tribunal Europeo admita a trámite la demanda, si bien apunta que ésta es una instancia jurídica que sólo acepta analizar el 20% de las peticiones que recibe. "Yo espero que sí la admita porque en España está ocurriendo una clara vulneración de derechos fundamentales, muchos afectados no están teniendo una justicia efectiva por la prescripción de los delitos", afirma el letrado. Indicaciones de la Fiscalía Muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados A pesar de que el pasado mes de diciembre, la Fiscalía General del Estado emitió una circular en la que, entre otras cosas, ordenó a los fiscales agotar la investigación de las denuncias antes de fijar posición sobre la prescripción, Vila sostiene que muchos casos se terminan archivando por falta de pruebas o de imputados. En su opinión, el Tribunal Supremo o el Constitucional son los que tienen que marcar la línea a seguir por los jueces y "aún no la han trazado", por lo que lo que cada magistrado puede hacer lo que estime oportuno. "Ante esto, el Gobierno no puede hacer nada, depende de la Justicia", asevera el abogado, que anima a los afectados a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para así agotar todas las vías posibles con el fin de encontrar a sus familiares "robados". El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, también emplaza a las víctimas a acudir a esta instancia. A la justicia española parece ser que no le interesa este tema "Ya que a la justicia española parece ser que no le interesa este tema, habrá que ir fuera", resalta. Aunque es consciente de que para llegar al citado tribunal hay que agotar todas las vías en España, es decir, haber llegado hasta el TC, Barroso señala que lo que sí pueden hacer los afectados es enviar una queja de su caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Según el presidente de Anadir, dicha Comisión está admitiendo a trámite todas las quejas sobre casos de "niños robados" que recibe y, además, ha pedido un informe a la Comisión Europea de estos supuestos hechos ocurridos en España, en los que los bebés eran sustraídos a sus padres al nacer tras decirles que habían muerto. En septiembre, la Comisión de Peticiones tiene una reunión y "se sabrá algo de lo que opina la UE sobre este tema", afirma. "Mientras más quejas lleguen más favorable va a ser para nosotros" el dictamen europeo, según Barroso, que recomienda a todos los afectados que manden su queja, ya que "basta con enviar una carta −2 ó 3 euros en Correos− a la Comisión de Peticiones". El pasado mes de junio, más de un centenar de familias anunció que se sumaría a la petición de un afectado por un supuesto robo de sus bebé en Granada, aceptada por esta Comisión, para continuar con la investigación del paradero de sus familiares. Sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio Por otra parte, Barroso ha hecho hincapié en que el Gobierno "tiene que crear" una Comisión de Investigación sobre "niños robados", ya que "sin investigación no hay pruebas y sin pruebas no puede haber juicio". La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, por el contrario, no cree que la demanda presentada por Vila llegue a buen puerto. "Ahora mismo soy un poco escéptica porque el tribunal europeo verá que el Gobierno de España ha empezado a caminar con este tema y delegará en las actuaciones que éste está llevando a cabo", comenta Soriano, aunque cree que el Ejecutivo "va muy despacio" en este asunto. Soriano considera que la justicia ya no está archivando los casos porque hayan prescrito, sino por algún defecto de forma o documental.
 


lunes, 12 de agosto de 2013

Indígenas, entre el hambre, la violencia y el olvido

Expertos aseguran que los nativos colombianos están hoy más pobres que durante la Conquista.

Según la Corte Constitucional, 35 pueblos indígenas de Colombia están en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente.

Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, dice que la situación es “crítica, crítica por la falta de seguridad alimentaria; por la presencia de los actores armados ilegales en sus territorios; por los cultivos ilícitos y el narcotráfico; por la débil presencia institucional; porque los proyectos de política pública no llegan con fuerza, y crítica también porque cuando los fenómenos naturales los afectan, su lejanía (geográfica) dificulta una atención rápida”.

Juvenal Arrieta, secretario general de la Organización Nacional Indígena (ONIC), definió la situación de los indígenas en el país como “preocupante, invisible e invisibilizada”, además subrayó que en el 2009 “la Corte Constitucional dijo que hay 35 pueblos que se encuentran en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente”.

Los pueblos indígenas colombianos enfrentan un riesgo transversal: el conflicto armado, del que en muchas ocasiones parecen ser invisibles a los ojos de muchos colombianos. Sin embargo, los acechan otras amenazas como la falta de seguridad alimentaria y el riesgo de que se desvanezca su cultura.

Las mayores dificultades en materia de seguridad alimentaria las padecen, especialmente, los niños de los pueblos los Emberá y Wounaan, de la región del Chocó, donde si la desnutrición no los mata, reduce su capacidad física e intelectual de por vida.

En el departamento de La Guajira, en Uribia y Manaure, los problemas alimentarios de los Wayúu se combinan con la falta de agua. En la Amazonia, en el Caquetá, los Coreguajes también afrontan dificultades en materia alimentaria.

Las cifras escasean. En los reportes oficiales casi nunca hay datos actualizados, en buena medida porque cuando mueren los niños indígenas, simplemente son enterrados en algún potrero. No hay acta de defunción.

Pero no es solo la violencia y el hambre lo que afecta a los pueblos nativos. Entre las grandes tragedias que viven se encuentran el desvanecimiento gradual de su cultura y lengua. Los más propensos son los que tienen pocos integrantes en la Orinoquia y la Amazonia, los cuales corren un alto riesgo de ser afectados en sus valores culturales.

Según Muyuy, 56 pueblos indígenas –es decir más del 50 por ciento de estas comunidades en el país– “corren el riesgo de ser ‘aculturados’ y perder sus valores lingüísticos y culturales que milenariamente han conservado”. Sobre todo los que habitan en la Zona Andina.

En cuanto a los riesgos de seguridad, el senador indígena Marco Avirama considera que estos pueblos al vivir en zonas de tránsito de “la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico”, están “entre la espada y la pared”. “La guerrilla los acusa de ser informantes del Ejército, mientras que la tropa los acusa de ser colaboradores de los guerrilleros”.

El asunto es muy simple. Cualquiera de estas comunidades, que siempre viven en zonas alejadas, están a merced de los armados. Por eso, son víctimas frecuentes del reclutamiento, las amenazas, los asesinatos y el desplazamiento.

Avirama denunció que incluso en Puerto Inírida (Guainía), los nativos han sido víctimas, en los últimos meses de los abusos cometidos por la Guardia Nacional Venezolana. Según él, solo hace dos semanas asesinaron a un hombre y violaron a tres mujeres en el territorio colombiano, tema denunció ante la Cancillería.

El presidente de la Onic planteó “tres razones estructurales” –basado en lo dicho por la Corte Constitucional– para que el 34 por ciento de los pueblos indígenas colombianos se encuentren en peligro de desaparecer, junto a sus conocimientos ancestrales: “el conflicto armado con sus manifestaciones –el desplazamiento, las minas antipersona, restricción a las libertades políticas, aspersiones con glifosato, violencia sexual y el desplazamiento, entre otros–”.

En segundo lugar, “el empobrecimiento estructural” de estás comunidades. “Las Naciones Unidas dicen que los indígenas no son pobres sino empobrecidos por falta de oportunidad; hay regiones donde no conocen una escuela, ni un enfermero, hay zonas donde están prácticamente a su suerte”, señaló Arrieta. Y además recalcó que “donde están los centros educativos o de prestación de servicios hospitalarios no se reconoce la diferencia cultural”.

En tercer lugar está “el modelo de desarrollo económico y la presencia de transnacionales en zonas indígenas de manera inconsulta. Es una situación preocupante e invisible”, concluyó el líder indígena.

El Gobierno y los pueblos


Este 9 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos agradeció los aportes hechos por los pueblos indígenas al desarrollo y la construcción de la sociedad, y recordó que el año pasado, con motivo de esta celebración, “destacamos los ajustes institucionales que adelantamos en nuestro gobierno para transitar el camino señalado por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas en el país”.

En efecto, el Gobierno Nacional está implementando lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo, en concertación con los pueblos indígenas del país, en materia territorial, cultural, de educación y de autonomía.

En lo cultural está el compromiso de concretar el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que les permita administrar la educación de los pueblos. En materia de salud, trabajan en el proyecto del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural.

“Algo muy importante es sacar adelante la política integral para los pueblos indígenas del país, igualmente en materia territorial está el compromiso, y se viene trabajando arduamente con el Incoder, para sacar adelante el plan de tierra y territorio de los pueblos indígenas”, aseguró el director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas.

En materia de autonomía, los ministerios de Interior y de Justicia trabajan para reglamentar la coordinación de la jurisdicción especial indígena y la ordinaria.

En cuanto a las víctimas, “se viene haciendo todo el esfuerzo para la implementación del decreto ley 4633 del 2011, que tiene que ver con la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, dijo Gabriel Muyuy.

Como se aprecia, hay varias iniciativas del actual Gobierno en ejecución, que deberían estar listas antes de que concluya el periodo para bien y reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en Colombia.

De hecho, el 9 de agosto Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, llamó a los estados a trabajar más para honrar y fortalecer los tratados que sostienen con los pueblos indígenas, sin importar hace cuánto tiempo los hayan firmado.

“Incluso si fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, muchos tratados siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de los pueblos indígenas, determinando la relación que tienen con el Estado. Por ello son altamente significativos para los derechos humanos hoy,” dijo la alta comisionada.

El día de los indígenas


Cada 9 de agosto los pueblos indígenas se hacen visibles para recordarle al mundo que se encuentran entre los grupos humanos más desfavorecidos. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace homenaje a los más de 370 millones de indígenas que hay en la tierra que constituyen 5.000 pueblos, de los que 670 son de América Latina y 120 habitan en Colombia.

Si bien este día fue establecido hace 19 años (en 1994), para recordar a los gobiernos y la sociedad su responsabilidad frente a la supervivencia y protección de su riqueza cultural, la situación en que viven no ha cambiado y, de hecho, el relator especial de las ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortó a los gobiernos a respetar los acuerdos con estos pueblos y a enfrentar los "errores históricos" cometidos en contra ellos.

martes, 23 de julio de 2013

CELEBRADO EL PRIMER CONSEJO DE LA INFANCIA INTERCITIES LAREDO-CENON

16 jóvenes de Laredo y Cenon han celebrado el primer Consejo de la Infancia Intercities, con el fin de promover y defender los derechos de participación, el interés superior de los niños y las niñas, la no discriminación y el desarrollo integral de los menores por la que lucha la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia de UNICEF.

Además, han compartido “experiencias”, han puesto en común “los asuntos que les preocupan” y han descubierto “diferencias culturales” y “la importancia” del dominio de otras lenguas, según ha indicado la edil de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Cooperación e Igualdad, Pilar Santisteban, quien ha diseñado y dirigido el proyecto presentado por los ayuntamientos de Laredo y Cenon al programa europeo ‘La Juventud en Acción’.



Este proyecto se ha desarrollo unido al Consejo Municipal de la Infancia dentro del marco de Ciudades Amigas de la Infancia, promovida por UNICEF, el cual fue presentado al alcalde de Cenon, Alain David, en el mes de enero, y, después, a jóvenes y sus familias francesas, en abril.

De esta manera, Santisteban ha explicado que los jóvenes, de entre 10 y 17 años, han convivido durante una semana en el municipio, correspondiendo de este modo los jóvenes cenoneses a la visita que realizaron los de Laredo el pasado mes de abril.



Este programa se ha realizado, con motivo de la celebración este año del 25 Aniversario del Hermanamiento de ambas localidades y dentro del programa de acción comunitario ‘La Juventud en Acción’, dependiente del Parlamento Europeo y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Durante la semana, del 9 al 16 de julio, que los siete jóvenes y dos monitores procedentes de Cenon permanecieron en Laredo trabajaron y reflexionaron sobre los derechos de los menores de forma creativa mediante reflexiones artísticas como el teatro o la pintura.

También, realizaron actividades náuticas, rutas, conciertos o visitas a lugares de interés histórico y medioambiental de Laredo.

El acto central del programa fue la celebración del primer Consejo de la Infancia Intercities el pasado día 11 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Laredo, bajo la presidencia del alcalde de Laredo, Ángel Vega Madrazo, quien hizo de maestro de ceremonias junto a Pilar Santisteban. El Consejo tuvo como Secretario a uno de los menores.

Cada joven prometió su integración en este Consejo y destacó uno de los artículos de la Declaración de los Derechos de la Infancia, que se reflejará en una exposición que se presentará en ambos municipios.



Además los jóvenes compararon los dos países desde la perspectiva actual: carencias por la crisis, falta de derechos de los menores, el consumo de drogas o la defensa de la intimidad y la participación.

Asimismo, han propusieron la realización de actuaciones futuras con motivo del 25 Aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de la Infancia el próximo año. Estas actuaciones se desarrollarán en los próximos meses y favorecerán futuros encuentros.

Como despedida, los jóvenes reflexionaron sobre los prejuicios, la discriminación y el enfrentamiento entre países frente al monumento a las víctimas del Holocausto, que se encuentra ubicado en la Alameda Manuel Llano.

Para el desarrollo del programa, se contó con un equipo de diversos profesionales como Alicia Antón, monitora y profesora de Arte, Iván Iparraguirre, interventor comunitario y profesor de teatro, César Veci, monitor deportivo, Isabel Roseñada, gestión administrativa y traducción, y Pilar Santisteban, monitora, coordinación y diseño.


lunes, 22 de julio de 2013

HRW acusa al Banco Mundial de descuidar los derechos humanos en sus proyectos

Tomado de www.elpais.com

La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró hoy que el Banco Mundial (BM) descuida los riesgos a los derechos humanos en sus proyectos de desarrollo y lo instó a crear mecanismos para evitar que sus préstamos contribuyan a perpetuar violaciones.

En un informe publicado en Washington, HRW advierte que el BM "no podrá alcanzar verdaderamente" sus objetivos de erradicar la pobreza extrema y fomentar la prosperidad "si no se asegura que se respeten los derechos de las personas a las que debería estar beneficiando".

El informe se centra en el estudio de tres casos concretos, uno de ellos en Vietnam y dos en Etiopía, que, asegura, demuestran que "el banco no reconoció los riesgos para los derechos humanos que suponían los programas que financiaba ni tampoco adoptó medidas concretas para mitigar estos problemas".

"En Vietnam, el Banco Mundial ha financiado programas en centros de detención gubernamentales destinados a drogodependientes donde Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, trabajo forzado, torturas y otras formas de maltrato", indica el estudio.

En Etiopía, el organismo multilateral ha descuidado "los riesgos que implicaban sus programas a la política gubernamental de represión de la libertad de expresión, la negación de servicios básicos a opositores políticos o personas percibidas como tales, o el programa de reasentamientos forzados".

Según HRW, en la región occidental etíope de Gambella, un proyecto de desarrollo del BM contribuye a perpetuar un programa del Gobierno etíope que traslada a 1,5 millones de personas marginadas hacia nuevas aldeas, un desplazamiento forzado "marcado por hechos de violencia" que se documentan en el informe.

La organización señaló que el Banco "no se ha pronunciado sobre las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales de derechos humanos", por lo que "las decisiones de financiamiento vinculadas con derechos carecen de transparencia y parecieran ser arbitrarias e incoherentes".

"El Banco Mundial no debería continuar quebrantando sus propias iniciativas, y para ello debe asegurarse de no contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos", señaló Jessica Evans, autora del informe y encargada de instituciones financieras internacionales en HRW.

Por tanto, la organización urgió al BM a "manifestar su compromiso de no apoyar actividades que faciliten o agraven violaciones de derechos humanos, y respetar en todas sus actividades los derechos humanos reconocidos internacionalmente, con independencia del mecanismo de financiamiento utilizado".

También recomendó llevar a cabo "evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos" que permitan "mitigar cualquier consecuencia adversa" y adecuar a las normas internacionales "sus políticas relativas a poblaciones indígenas y traslados involuntarios".

Gregorio Aranda: Pobreza en los países ricos

Responsable de UNICEF España asegura que las políticas de ajuste europeas "irán en detrimento de la infancia"



El responsable de Políticas Locales y participante en el programa 'Ciudades Amigas de la Infancia' de UNICEF España, Gregorio Aranda, ha asegurado este martes que las políticas de ajuste que se están realizando en Europa "y, en especial, en Portugal, España, Grecia e Italia, irán en detrimento de la infancia".

Así lo ha manifestado en una conferencia sobre la infancia y la pobreza en los países ricos dentro del curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Interculturalidad y Derechos Humanos. Bondades y peligros ante la crisis' que dirige la psicóloga y concejala en Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Laredo, María Pilar Santisteban Miguel, en la sede de Laredo.

Aranda ha considerado que no se piensa en la infancia a la hora de hacer políticas sociales y "no se dan cuenta de que en lo que no se invierta ahora, será una pérdida para el futuro". Además, ha asegurado que "si no se actúa ahora, se va a perder una posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los más pequeños y se notará en su desarrollo como personas adultas".

El responsable de las Políticas Locales de UNICEF España ha propuesto tres medidas para acortar la pobreza infantil en nuestro país, que ya alcanza "el 27%" de la población menor de 18 años, unos ocho millones de niños.

La primera es la "coordinación entre las políticas y los servicios municipales", la segunda la "cooperación desde el punto de vista de la Administración Pública junto con la sociedad civil", y la tercera, "empoderar más a la ciudadanía. Hay que involucrar a todo el mundo", ha dicho.

La crisis también ha hecho mella en las donaciones a las ONG, según ha indicado el responsable de UNICEF, que ha ensalzado que "se ha reducido la inversión oficial por parte del Estado, las Comunidades Autónomas y también de los ciudadanos".

Además, ha propuesto que "se incluya la opinión de los menores a la hora de elaborar planes para la infancia y la adolescencia, porque ellos ya están dotados de una realidad mental que ayudaría mucho a identificar sus necesidades".

Por su parte, la directora del curso, la concejala María Pilar Santisteban, explicó que nuestro sistema "carece de flexibilización para adaptarse a las problemáticas actuales" y que "recortar no es la solución".

Santisteban ha afirmado que los objetivos, valores y metas de antes, "ya no valen" y que la solución pasa por "dejar de mirar hacia otro lado y no poner tanto acento en el desarrollo económico desmesurado y sí más en las personas, porque esto se ha colapsado".

lunes, 1 de julio de 2013

EMPODERAMIENTO DE MUJERES INDIGENAS

Fundación Tebtebba
Las mujeres en distintas partes del mundo están expuestas a violencia doméstica, sexual y de género, a la explotación económica, mutilaciones genitales y matrimonio precoz. Pero el riesgo para las que pertenecen a comunidades aborígenes es especialmente alto.

Silvia Romanelli (Naciones Unidas)


En ese contexto, la Fundación Tebtebba defiende los derechos de las comunidades aborígenes y trabaja para la correcta implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de la Fundación y presidenta de la Red de Mujeres Indígenas de Asia, conversó sobre cómo ellas pueden cuestionar las prácticas discriminatorias y qué cosas puede hacer la comunidad internacional para ayudarlas.

Tauli-Corpuz también trabajó como consultora para el informe: “Breaking the Silence on Violence Against Indigenous Girls, Adolescents and Young Women” (Rompiendo el silencio sobre la violencia contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes mujeres indígenas), un esfuerzo conjunto de diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El estudio pretende hacer frente al “‘silencio estadístico’ respecto de la violencia contra niñas y mujeres indígenas”.

IPS: En algunas comunidades, el sometimiento de las mujeres a los hombres y la violencia que sufren se consideran parte de su tradición cultural. ¿Cómo se puede hacer frente a esa idea?

VICTORIA TAULI-CORPUZ: La violencia contra mujeres y niñas viola los derechos humanos y no debe tolerarse de ninguna manera, aun cuando se la califica como “parte de una tradición local” o como algo “cultural”.

La violencia es una experiencia individual, aunque hay situaciones en que las mujeres que pertenecen a un determinado grupo, como las comunidades indígenas, corren un mayor riesgo de sufrir actos de este tipo debido a coyunturas históricas y actuales de colonización, dominación, racismo y discriminación.

Si hay prácticas culturales que promueven la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, es necesario criticarlas y cambiarlas con severidad.
Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de la Fundación Tebtebba
y presidenta de la Red de Mujeres Indígenas de Asia. 

IPS: ¿Cómo se pueden implementar medidas efectivas contra la violencia en las comunidades indígenas en las que la jerarquía interna de las obligaciones familiares y sociales es particularmente importante?

VTC: Se pueden implementar medidas efectivas si los organismos estatales y las organizaciones no gubernamentales dan ciertos pasos.

Pueden ayudar a fortalecer a las organizaciones indígenas para que atiendan el problema, documentar y registrar el fenómeno y asistir a los gobiernos locales para que implementen estrategias culturales y con enfoque de género para manejar estos asuntos y con presupuestos para que desarrollen programas.

También pueden crear conciencia entre las poblaciones indígenas (entre autoridades tradicionales y organizaciones aborígenes) sobre los derechos de mujeres, niños y niñas, así como sobre la violencia que sufren.

IPS: El colonialismo hizo que algunos pueblos indígenas internalizaran el racismo y que las mujeres aborígenes aceptaran la violencia. ¿Podría explicar el vínculo entre colonialismo y violencia contra las indígenas?

VTC: El colonialismo, ligado al patriarcado, privó a las mujeres indígenas de derechos básicos como ser dueñas y controlar sus propias tierras, territorios y recursos. Perpetuó el racismo y la discriminación que sufren a tal punto que algunas niegan su identidad indígena y tratan de emular las formas de los colonizadores.

Esa es solo una forma en que las mujeres internalizan su opresión, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la trata de personas y a la prostitución.

El alcoholismo y la drogadicción también fueron herramientas de los colonizadores para deshumanizar a los indígenas, y el patriarcado colonial reforzó o promovió el machismo entre los hombres. Todos estos son factores que explican la violencia que sufren las niñas y las mujeres indígenas.

Los esfuerzos de los colonizadores por extraer minerales, petróleo y gas de territorios indígenas también llevaron a construir enclaves donde los trabajadores vivían y llevaban mujeres prostituidas.

IPS: A veces, el estado exacerba elementos que generan violencia contra las mujeres y las niñas, y hasta puede ser él mismo responsable de perpetrarlas, como políticas discriminatorias o servicios de salud y educación carentes de perspectiva cultural. En estos casos, ¿qué pueden hacer las agencias de la ONU?

VTC: La ONU pude ayudar a facilitar canales u oportunidades para que las mujeres indígenas usen tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o el Comité sobre los Derechos de la Infancia o el Comité de los Derechos Humanos, para presentar quejas contra políticas discriminatorias y programas estatales.

El representante especial del secretario general para violencia contra mujeres, niños y niñas también puede visitar países donde se denuncian casos de violencia contra poblaciones indígenas.

Los fondos y las agencias de la ONU, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas deben asignar más asistencia técnica y financiera para atender este tema a escala local, regional y global.

IPS: El informe de la ONU “Breaking the Silence” se basa en la idea de que la violencia contra las indígenas debe atenderse como un problema específico, incluido pero diferenciado de la violencia general contra las mujeres. ¿Se corre el riesgo de etiquetarlas con este enfoque? ¿De qué forma contribuye a resolver el problema?

VTC: Pedir que la violencia contra las indígenas se considere un problema específico solo establece el hecho de que si hay pocos servicios para atender a las mujeres y a las niñas en general, hay aun menos para las que pertenecen a comunidades aborígenes.

No se corre el riesgo de etiquetarlas. Solo es una cuestión de nombrar el problema para atenderlo de forma más adecuada y efectiva.

También permite aclarar que las mujeres aborígenes, generalmente, no concuerdan con utilizar la cultura o la tradición para justificar la violencia que padecen y para subrayar que las personas que con mayor eficacia atienden el problema son ellas mismas que, empoderadas, reafirman sus derechos en tanto que mujeres e indígenas